385 Grados / Laura Yamili / REDACCIÓN / Con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y brindar mayor protección a la ciudadanía frente a posibles abusos de autoridad, la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Tlaxcala y sancionar a los servidores públicos que ejerzan atribuciones que legalmente no les corresponden.
La propuesta plantea adicionar el artículo 152 Bis al Código Penal del Estado, con el fin de establecer sanciones penales contra aquellos funcionarios estatales o municipales que, sin tener facultades legales, realicen actos de autoridad, ordenen acciones arbitrarias o causen perjuicio a personas o al servicio público.
La legisladora explicó que el principio de legalidad establece que las autoridades solo pueden actuar dentro de las facultades que la ley les otorga. Sin embargo, actualmente en Tlaxcala no existe un tipo penal específico que sancione cuando un servidor público invade atribuciones o ejerce funciones que no le corresponden, lo que puede generar abusos y dejar en estado de indefensión a la ciudadanía.
“Cuando una autoridad actúa fuera de sus facultades se vulnera la seguridad jurídica de las personas y se debilita la confianza en las instituciones. No podemos permitir que la arbitrariedad o el abuso queden impunes”, señaló.
La iniciativa contempla sanciones de cinco a once años de prisión, así como multas económicas, para los servidores públicos que ejerzan atribuciones que no tengan conferidas o que utilicen las que poseen para ordenar actos arbitrarios o causar perjuicio.
Entre los casos que esta reforma busca prevenir se encuentran situaciones en las que autoridades actúan fuera de su competencia, como policías que realizan funciones que no les corresponden, autoridades que intervienen en asuntos de otra jurisdicción o funcionarios que toman decisiones para las que no tienen facultades legales.
La diputada subrayó que esta propuesta busca proteger a las y los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad, garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y fortalecer la confianza en las instituciones.
Finalmente, reiteró que la ley debe ser clara y aplicarse por igual a todos, especialmente a quienes tienen la responsabilidad de ejercer funciones públicas.
“Las y los ciudadanos merecen autoridades que actúen con responsabilidad, dentro de la ley y respetando sus derechos”, concluyó.
