Hay señales que un gobierno puede intentar minimizar, pero que difícilmente puede esconder ante el mundo y esto quedó demostrado en la visita a México del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, cuando ante sus ojos pudo comprobar los que vivimos millones de mexicanos.
Parolin no vino solamente a cumplir una agenda religiosa, sino a ver y a escuchar. Y durante más de dos horas recibió testimonios de víctimas, organizaciones sociales, policías, especialistas y representantes del Diálogo Nacional por la Paz sobre la violencia que lastima a México.
Al final, asumió el compromiso de llevar esas voces al papa León XIV.
Ese hecho debería preocuparnos.
Porque cuando la violencia de un país llega hasta los oídos del Vaticano es porque dejó de ser un problema aislado o una percepción ciudadana: se convirtió en una crisis que preocupa más allá de nuestras fronteras.
Y Tlaxcala también tiene mucho que contar.
Nuestra entidad, durante años reconocida por sus niveles relativamente bajos de violencia, tampoco está al margen de esta realidad. La Diócesis de Tlaxcala ha advertido sobre el incremento de robos en iglesias y casas de sacerdotes, particularmente en municipios de la zona comprendida entre Yauhquemehcan y Calpulalpan.
Pero lo ocurrido en San Lucas Cuauhtelulpan es todavía más grave: durante una vigilia de Semana Santa, sujetos armados irrumpieron en una capilla, sometieron y golpearon a personas que se encontraban en el lugar y sustrajeron el Santísimo Sacramento.
¿Hasta dónde hemos llegado?
Si ya ni siquiera una iglesia es un lugar seguro; si quienes acuden a una celebración religiosa pueden ser víctimas de delincuentes armados; si sacerdotes y casas parroquiales son objeto de robos y amenazas, entonces estamos frente a una realidad que ningún gobierno puede seguir disfrazando con discursos.
Y no es solamente Tlaxcala.
El informe del Centro Católico Multimedial, difundido por Vatican News, documenta que en los últimos siete años fueron asesinados 13 sacerdotes en México y que actualmente se registran entre 26 y 28 ataques semanales contra templos e instalaciones religiosas, incluyendo robos, extorsiones, profanaciones e incendios.
La violencia alcanzó a sacerdotes, periodistas, jóvenes, familias y comunidades enteras.
Por eso resulta preocupante que desde los gobiernos de Morena se pretenda administrar la percepción en lugar de resolver el problema.
No basta con decir que los homicidios disminuyen. Cada asesinato, cada desaparición, cada extorsión y cada robo representa una familia que vive con miedo.
Un Estado fuerte es aquel que garantiza seguridad, justicia y libertad. Cuando el crimen impone sus propias reglas en comunidades y territorios, estamos ante instituciones rebasadas.
El Vaticano está escuchando; ojalá también las escuche el Gobierno de México.
Porque Tlaxcala ya tiene su propio testimonio que aportar: la violencia que parecía lejana también llegó a nuestras iglesias, a nuestros sacerdotes y a nuestras familias.
La paz no puede ser un discurso, ésta se construye cuando el Estado recupera el territorio, protege a sus ciudadanos y garantiza que nadie tenga que vivir con miedo.
