385Grados / Contla / REDACCIÓN / La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) no puede dictaminar la cuenta pública por recursos federales, por lo que la reciente reprobación de la cuenta pública de Contla de Juan Cuamatzi por parte del Congreso del Estado de Tlaxcala carece de sustento legal y contraviene una sentencia firme del Máximo Tribunal del país.
El pasado jueves 14 de agosto, el Congreso del Estado de Tlaxcala votó en contra de la cuenta pública de este municipio, a pesar de que en mayo de este mismo año la SCJN resolvió de manera categórica que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) no tiene facultades para dictaminar cuentas públicas que involucren recursos federales del municipio de Contla.
La sentencia del máximo tribunal es clara y no admite interpretación: únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única autoridad y tiene la atribución exclusiva para fiscalizar recursos federales. El OFS de Tlaxcala no tiene esa facultad legal, solo puede revisar recursos de origen estatal o municipal.
En este orden de ideas, para el caso de Contla, la SCJN puntualizó que cualquier dictamen emitido por el OFS sobre recursos federales no tiene efectos jurídicos y solo responde a fines políticos. Pese a esta resolución, y habiendo sido notificados legalmente, los diputados locales y el OFS desafiaron de manera abierta al máximo tribunal, ignorando un fallo que el municipio ganó tras más de un año de litigio donde al municipio se le asistió al razón al manifestar lo anterior mencionado que debería ser una autoridad federal quien fiscalice.
Este hecho sienta un precedente histórico, pues deja al descubierto que el Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala ha actuado en la ilegalidad desde el 2 de diciembre de 2020, fecha en la que la Auditoría Superior de la Federación le retiró el único convenio que le permitía auditar el gasto corriente. Desde entonces, ha continuado observando y sancionando a funcionarios municipales sin base legal, configurando un patrón de abuso de poder y posibles actos de corrupción.
Durante más de cinco años, el OFS ha señalado a servidores públicos de presuntas irregularidades, cuando en realidad era la propia institución la que ejercía funciones que no le correspondían. Esto, además de ser ilegal, vulnera gravemente la confianza en las instituciones de fiscalización.
No omitimos mencionar que desacatar una orden de la SCJN implica responsabilidades que pueden ir desde la destitución hasta sanciones de otra índole. Por lo que en los próximos meses se espera que el máximo tribunal se pronuncie sobre este desacato, que podría derivar en consecuencias severas para el Congreso del Estado y el OFS de Tlaxcala.
