385Grados / TET / Carlos PÉREZ / Con más pena que gloria transcurrieron las comparecencias de la mayoría de los aspirantes a ocupar la magistratura del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), en sustitución del todavía presidente Miguel Nava Xochitiotzi, cuya gestión ha estado marcada por los revés que le dio la Sala Regional Electoral en los resolutivos de las elecciones anteriores, que además fueron muy controvertidas.
Durante las entrevistas ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, los candidatos evidenciaron, salvo honrosas excepciones, falta de preparación, inseguridad en sus exposiciones e incluso desconocimiento técnico de la materia electoral.
Algunos, como el exmagistrado del Poder Judicial, Pedro Sánchez Ortega, mostraron nerviosismo y titubeos al responder preguntas básicas sobre nulidades y principios rectores del derecho electoral, lo que puso en duda su idoneidad para ocupar un cargo de alta responsabilidad jurisdiccional. Solo se limitó a asegurar que seguía estudiando el derecho electoral.
Otros aspirantes limitaron sus intervenciones a repasar sus trayectorias administrativas o académicas sin mostrar claridad sobre los criterios que deben guiar la función jurisdiccional en procesos comiciales, un aspirante omitió responder dos preguntas justificando que tenía fallas técnicas y no se escuchaba el audio.
El contraste fue evidente frente a los pocos perfiles que sí mostraron dominio de los temas y una visión autocrítica sobre la actuación del tribunal local, hoy fuertemente cuestionado por la sociedad y los actores políticos.
La crisis de credibilidad del TET no es menor. Desde las polémicas decisiones que anularon los comicios municipales de Huamantla y el distrito 15 local, hasta los fallos revocados por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el órgano tlaxcalteca ha transitado por un periodo de desgaste institucional y pérdida de confianza ciudadana.
En este contexto, senadores y analistas coincidieron en que el nuevo nombramiento deberá recaer en una persona proba, prudente e independiente, capaz de garantizar imparcialidad y rigor técnico en cada sentencia.
“No se trata de premiar trayectorias burocráticas ni fidelidades políticas, sino de recuperar la legitimidad del tribunal y el valor de la justicia electoral como pilar de la democracia”, han expresado senadores.
La decisión final recaerá en el Senado en los próximos días, en un proceso que, más que un trámite, representa una oportunidad para restaurar la confianza pública en las instituciones electorales de Tlaxcala.
