385 Grados / Tlaxcala / Carlos PÉREZ / Respecto de lo que fue el proyecto de iniciativa de reforma que adiciona el artículo 187 Bis al Código Penal del Estado de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señala que ninguna propuesta de reforma a la ley debe limitar la libertad de expresión de ninguna persona.
La Ombudsperson, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, indicó que la Comisión cumple su misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos de todas las personas bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que considera esencial brindar claridad sobre cualquier reforma legislativa relacionada con la prevención de la revictimización, fortalecer el acceso a la justicia y promover una cultura de respeto hacia la dignidad y derechos de quienes han sido víctimas de violencia.
Señaló que el organismo autónomo considera que ninguna legislación debe, ni puede restringir el derecho a la libertad de expresión de los particulares, ya que el ejercicio de este derecho, por sí mismo, está sujeto a los límites establecidos en la CPEUM, así como en el marco normativo internacional.
En este contexto, la difusión de contenido sensible podrá ser sancionada cuando sea realizada de manera indebida, es decir, sin autorización, con fines lucrativos, o de forma que menoscabe la dignidad o privacidad de las víctimas.
Agregó que cualquier proyecto de reforma debe responder a la necesidad de frenar actividades lucrativas e inescrupulosas que involucran la comercialización de imágenes de víctimas por parte de personas servidoras públicas, quienes tienen la obligación de salvaguardad su actuación conforme a los principios de los derechos humanos.
En casos documentados, este material ha sido vendido a medios de comunicación por cantidades significativas, perpetuando un modelo que no solo revictimiza, sino que también contribuye a la normalización de la violencia en la esfera pública.
Agregó que es necesario contar con un marco jurídico que reconozca que el manejo ético de la información es esencial para evitar que el daño a las víctimas se amplifique.
Dijo que además, las penas previstas busquen no solo sancionar estas conductas, sino disuadir su ocurrencia al establecer consecuencias claras para quienes las perpetren desde el servicio público.
Ordoñez Brasdefer mencionó que reconocer que toda decisión puede ser perfeccionada o corregible fortalece la gestión de cualquier servidor público, siempre en beneficio de la población en general.
