385 Grados / Laura Flores / REDACCIÓN / Con el objetivo de proteger la dignidad, integridad y derechos humanos de las mujeres, así como salvaguardar el interés superior de niñas y niños, la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en el estado de Tlaxcala.
La propuesta plantea reformas a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil y al Código Penal del Estado, con el propósito de reconocer esta práctica como una forma de violencia, invalidar cualquier contrato relacionado y sancionar penalmente a quienes participen en ella.
La legisladora advirtió que la gestación subrogada, también conocida como “alquiler de vientres”, representa una forma de explotación reproductiva que vulnera la dignidad de las mujeres, al convertir su cuerpo en objeto de transacción, y pone en riesgo tanto su salud física como emocional.
Asimismo, señaló que esta práctica puede derivar en violaciones graves a los derechos de niñas y niños, particularmente en lo relacionado con su identidad, filiación y protección contra la trata de personas.
“No podemos permitir que la necesidad económica de muchas mujeres sea utilizada para convertirlas en medios de producción, ni que la vida humana se reduzca a un contrato”, enfatizó.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destacan:
- Reconocer la gestación subrogada como violencia contra los derechos reproductivos y la dignidad de las mujeres.
- Declarar nulos todos los contratos que obliguen a una mujer a renunciar a la filiación materna.
- Establecer sanciones de 4 a 7 años de prisión para quienes participen en este tipo de procedimientos.
La diputada Flores Lozano subrayó que, si bien existen avances en materia de reproducción asistida, estos no pueden estar por encima de los derechos humanos ni permitir prácticas que, en la realidad, están vinculadas a redes de explotación y trata.
Finalmente, reiteró que esta iniciativa busca colocar en el centro la dignidad humana, la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad y el respeto pleno a los derechos de la niñez, alineándose con tratados internacionales y principios constitucionales.
