*No deben ser impuestas como tabuladores.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Familiares y activistas exigieron al juez encargado de llevar el caso de Estefani N., localizada sin vida y con huellas de violencia en su departamento en diciembre de 2022 en la colonia Miraflores de la capital, atender el caso con perspectiva de género y tomar en cuenta las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que establecen que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada y sancionada como feminicidio, que permita imponer una pena justa y “no por tabulador” al probable responsable.
Este martes se realizó la segunda audiencia de apertura de juicio oral, después de que el pasado 13 de marzo de este año se difirió la primera por la ausencia de la defensa legal del probable responsable, en las instalaciones de la Sala de Audiencias Orales de Segunda Instancia en materia Penal y Especializada en Administración de justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
A través de un posicionamiento que dio lectura la directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez Ahuactzin, Pilar Hernández, hermana de la víctima, sentenció que “la exigencia de la familia es, que se juzgue con perspectiva de género, con base en las Leyes de Prevención y Protección de la Violencia contra las Mujeres, y en los tratados internacionales suscritos por México; que el Tribunal observe las recomendaciones emitidas por la SCIN en las cuales toda muerte violenta de una mujer ha de ser investigada y sancionada cómo feminicidio, individualizando cada caso, sin que las sentencias sean impuestas como tabuladores , sino que sean justas para cada mujer asesinada”.
En este tema, Méndez Ahuactzin llamó a las autoridades a que los procesos no sean largos y engorrosos, con la finalidad de cansar a las familias y las orillen a aceptar el proceso abreviado, en el que la defensa legal de los imputados busca reducir la pena.
“La familia de Estefani confía en que quienes están juzgando y acompañando el caso, las autoridades tengan sensibilidad y no se repitan estas prácticas que son del sistema patriarcal y del sistema de justicia para las mujeres, son los llamados que hacemos”, soltó.
Después de que este lunes se dictará la sentencia de 55 años para el feminicida de Cecilia N. y de manera similar para el caso de Mercedes N., la activista lamentó que a través de los comunicados emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) intenta aparentar que trabaja a favor de las mujeres víctimas de violencia, pero en los hechos, dijo, no es así.
“Lo que estamos mirando es que el gobierno está queriendo establecer una imagen que no es en el sistema de justicia; estos dos boletines por las dos sentencias de Cecilia y Mercedes, el mensaje es que pareciera que está trabajando y son declaraciones obsoletas, son declaraciones que no tienen nada de contenido, son vacías y quienes estamos de cerca no creemos en el trabajo que se está realizando”, enfatizó.
Asimismo, la mentó que pese a la violación a los derechos de las víctimas y sus familias, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no establezca un pronunciamiento firme y guarde silencio, lo que calificó como grave.
En su oportunidad, el representante de la Red de Víctimas del estado de Tlaxcala, Efrén López Hernández afirmó que organizaciones y colectivos brindarán apoyo a la familia de Estefani para visibilizar el caso y que este no quede en la impunidad.
Reiteró que la sentencia de 55 años de prisión para el feminicida de su hija Cecilia, no establece un precedente de una justicia pronta, expedita y gratuita en Tlaxcala, por lo que reiteró su llamado a la presidenta del TSJE, Mary Cruz Cortés Ornelas y a la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, a que revisen el actuar de los jueces, con el objetivo que garanticen a las y los tlaxcaltecas un verdadero acceso a la justicia.
En su oportunidad, la activista, Yeni Charrez Carlos lamentó que en las sentencias no se establezca la reparación del daño a las familias de las víctimas, pues quienes han sido sentenciados, argumentan que no tienen recursos para cumplirla.
“Que se hable en realidad de la reparación del daño que no llegan a las familias, que son las que luchan de manera diaria y, aun cuando tengan un defensor de oficio, gastan para trasladarse, trayendo, incluso a muchos peritos particulares, no se habla de ello, que la PGJE no tiene las características, los medios, los peritos para este tipo de delitos”, reprochó.
Asimismo, indicó que interpuso una queja ante la Secretaría de la Función Pública, la PGJE y ante el despacho de la gobernadora en contra de un Ministerio Público de apellido Zamudio, quien, acusó, juega solitario durante las audiencias.
