*Tlaxcala es sede del primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México en el que participan 27 entidades del país.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Con el objetivo de diseñar una estrategia más efectiva desde el ámbito estatal que permita terminar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se realiza en Tlaxcala el primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México, en el que participan 27 entidades del país.
Neri Toshiro León Sauza, Titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala afirmó que durante tres días se impartirán 14 ponencias y los titulares de las Unidades de Anti Lavado en los estados compartirán experiencias y buenas prácticas, para generar productos y “dar tiros de precisión” en contra de las estructuras patrimoniales criminales, que permitan conocer quién es el único y el último beneficiario de actividades criminales, “teniendo siempre un objetivo certero sin perder de vista que la finalidad es y será la extinción de dominio y quitarles esta estos patrimonios a los delincuentes”.
En su mensaje, Santiago Nieto Castillo ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, indicó que tras las reformas de 2013, las UIPES en los estados tienen la encomienda de detener las estructuras financieras de las organizaciones delincuenciales, con la finalidad de que no continúen “pegándoles” a personas jóvenes de las comunidades, quienes son captados para convertirlos en sicarios.
“Por más que un secretario de seguridad, una procuradora saque de la calle a 10 narcomenudistas o 10 sicarios, si sigue teniendo la estructura delictiva, dinero para pagarle a personas que saben más jóvenes la delincuencia no va a ser posible detenerlos”, comentó.
En este tema, sostuvo que la corrupción política brinda “cobijo” a los grupos delictivos, que inicia en los municipios y pasa por las autoridades estatales abona a estas prácticas.
A ello se suma, dijo, la corrupción en el sistema de procuración e impartición de justicia que proporcionan un “halo de protección jurídica” a los grupos delictivos, vinculados en sus estructuras”.
“La corrupción política que les da finalmente cobijo los grupos delictivos no nacen por generación espontánea y muchas veces están ligados sobre todos los ámbitos municipales ámbitos de corrupción también en los ámbitos estatales, perdóname, una disculpa para mi amigo Raúl de Tamaulipas, pero (el exgobernador) Cabeza de Vaca es un buen ejemplo de lo que no se tiene que hacer en cuanto a la vinculación con grupos delictivos y también a partir de ahí plantear que hay que combatir y reconocer que hay corrupción judicial, ministerial, policial, que en ocasiones les da un halo de protección jurídica a los grupos delictivos, por supuesto las personas que dentro de las estructuras corporales de las corporaciones de procuración y partición de justicia que se encuentran vinculadas con la delincuencia organizada son mínimos son mínimos pero hay que reconocer que existen”, sentenció.
Afirmó que es necesario crear políticas públicas que limiten la actuación de grupos delictivos, en la que la participación de la sociedad es indispensable para acabar con problemas graves como la distribución de sustancias como el fentanilo, el cual causó 130 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos, así como detener el flujo de armas, pues el 70 por ciento de las armas que son incautadas en México provienen del vecino país.
Sostuvo que la reunión significa un paso importante en el combate de la criminalidad en el país a través de garantizar la seguridad, acciones de prevención del delito, acciones de inteligencia, así como una verdadera procuración e impartición de justicia con la ejecución de penas en un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno.
En su mensaje, la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros señaló que la reunión es la suma de esfuerzos “para que podamos trabajar en estas buenas prácticas, porque refleja en gran medida el compromiso de cada uno de nuestros gobiernos en materia de seguridad y combate a la corrupción”.
Cuéllar Cisneros destacó que con la creación del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, que será un órgano descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, en un acto de justicia social en Tlaxcala, se destinarán los bienes activos y empresas improductivas para el estado a servicios públicos, programas sociales de prevención del delito, para el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, a fines educativos, de asistencia social y otras políticas públicas prioritarias en la entidad.
La representante del Programa de Procuración de Justicia de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos en México expuso que la intención de su participación es brindar los conocimientos, las habilidades y las herramientas para “pegarle al crimen organizado en donde más les duele” en sus negocios sin disparar una sola bala.
Recordó que en un trabajo coordinado entre los gobiernos de los Estados Unidos y de México está encaminado a reducir la capacidad operativa de los grupos criminales, porque “sin dinero los criminales no pueden producir droga, ni moverla ni comprar armamento, ni con corromper a la sociedad”, situación que daña a la comunidad.
