385 Grados / ATAH / REDACCIÓN / La empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH) perdió el juicio de amparo con el que pretendía mantener el control de la ruta Tlaxcala–Apizaco, uno de los corredores de transporte público más rentables y estratégicos del estado, en el que durante más de tres décadas sostuvo un monopolio.
El Juzgado Segundo de Distrito resolvió el pasado 4 de febrero de 2026 desechar el amparo 1371/2024 promovido por la empresa para frenar la regulación del transporte impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al determinar que ATAH no acreditó una afectación jurídica directa, por lo que el juicio fue sobreseído por improcedente y ocioso.
Más allá del fallo judicial, el caso dejó al descubierto un problema de fondo: años de irregularidades toleradas por autoridades de administraciones anteriores. Un estudio de factibilidad del Gobierno del Estado documentó que durante más de 30 años el servicio se prestó de manera irregular, con unidades sin placas ni tarjetas de circulación, sin controles efectivos de concesión, con uso irregular de gas licuado de petróleo como combustible y con operadores que carecían de licencia adecuada o tarjetón oficial, todo ello ante la presunta complacencia de las autoridades.
Con esta resolución, se prevé la entrada de 60 nuevas concesiones distribuidas entre tres empresas, lo que permitirá poner fin al monopolio, abrir la competencia y avanzar hacia un esquema de mayor control y regulación del transporte público en la entidad.
No obstante, persiste una deuda pendiente: hasta ahora ningún exfuncionario ha sido investigado ni sancionado por las omisiones que permitieron que estas irregularidades se mantuvieran durante décadas. El caso ATAH no solo representa un cambio en el modelo de transporte, sino que expone un episodio de omisión institucional, protección política y posibles beneficios derivados de un monopolio histórico.
