385 Grados / Tlaxcala / Carlos PÉREZ / La reciente designación de Ricardo Peralta Saucedo como director de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México, en enero de 2026 por la gobernadora Lorena Cuéllar y que se formalizó públicamente el 9 febrero de 2026 en un evento encabezado por la gobernadora, ha reactivado cuestionamientos sobre su trayectoria en el servicio público federal, particularmente por su paso en áreas estratégicas como las aduanas, donde investigaciones periodísticas han documentado presuntos vínculos con redes de contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”.
El funcionario, quien también se desempeñó como Administrador General de Aduanas del SAT y subsecretario de Gobernación, hoy encabeza la oficina de representación del gobierno estatal en la capital del país, encargada de la promoción y gestión institucional. Sin embargo, su nombramiento ocurre en medio de un contexto donde su nombre ha sido mencionado en reportes de inteligencia, filtraciones y trabajos periodísticos que apuntan a la existencia de estructuras dentro del sistema aduanal que habrían permitido la importación irregular de combustibles mediante esquemas de evasión fiscal.
De acuerdo con estas investigaciones, el llamado “huachicol fiscal” opera a través de la simulación en pedimentos aduanales, donde combustibles como gasolina y diésel son declarados como otros productos para evitar el pago de impuestos. En este esquema, el control de las aduanas resulta clave. Durante el periodo en que Peralta Saucedo tuvo responsabilidades en esta área, se habrían consolidado redes de funcionarios y operadores que facilitaron estas prácticas. En este entramado también han sido señalados perfiles vinculados a la operación aduanera, así como estructuras políticas relacionadas con el control administrativo de estos puntos estratégicos.
El tema cobró nueva relevancia luego de que NMás Noticias difundiera recientemente una nota en la que se muestra la imagen de Peralta Saucedo al abordar investigaciones sobre redes de huachicol fiscal, lo que volvió a colocar su nombre en la discusión pública. Aunque hasta el momento no existe una sentencia judicial en su contra, los señalamientos han sido constantes en distintos espacios informativos, donde se le ubica como parte de un grupo de funcionarios que habrían tenido injerencia en la configuración de estas redes.
Fuentes periodísticas también han vinculado este esquema con operadores aduanales y figuras que, desde la estructura técnica, habrían ejecutado las maniobras necesarias para concretar el ingreso irregular de combustible al país. La combinación entre decisiones de alto nivel y operación en campo es, según especialistas, lo que ha permitido que el huachicol fiscal se mantenga como una de las principales formas de evasión en el sector energético.
A pesar de este contexto, el gobierno de Tlaxcala no ha emitido una postura institucional formal sobre los señalamientos que rodean a quien hoy funge como su representante en la Ciudad de México. No obstante, este 26 de marzo, durante el llamado “diálogo circular”, el director de Comunicación Social del estado, Antonio Martínez Velázquez, fue cuestionado directamente sobre el tema. En su respuesta, el funcionario minimizó los señalamientos al calificarlos como parte de una narrativa mediática, al tiempo que subrayó que “no existe ningún señalamiento legal” contra Ricardo Peralta Saucedo. Incluso, tras revisar en ese momento el reportaje difundido por NMás Noticias, sostuvo que el exadministrador de aduanas “no aparece de manera central” en la investigación y atribuyó la polémica a la forma en que algunos medios locales han retomado y amplificado la información. Martínez Velázquez también defendió la trayectoria del funcionario al señalar que su paso por aduanas fue breve apenas seis meses y que, a diferencia de otros perfiles mencionados en el reportaje, no enfrenta procesos judiciales. La designación de Peralta Saucedo plantea así un escenario complejo: por un lado, su experiencia en el ámbito federal; por otro, las investigaciones y menciones que lo mantienen bajo el escrutinio mediático.
En un país donde el combate al robo de combustible ha sido una prioridad en el discurso oficial, la presencia de perfiles señalados en torno a estas prácticas dentro de estructuras gubernamentales estatales abre interrogantes sobre los mecanismos de control, evaluación y transparencia en los nombramientos públicos. Por ahora, el caso de Ricardo Peralta Saucedo se mantiene en el terreno de las investigaciones periodísticas y el debate público, a la espera de que las autoridades correspondientes determinen si existen o no responsabilidades legales.
