385 Grados / Miriam Martínez / REDACCIÓN / Cuando una persona desaparece, esperar puede costar una vida. Por eso, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de obligar a las autoridades a activar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas o no localizadas desde el primer momento, sin trámites, excusas ni tiempos de espera.
La propuesta legislativa plantea establecer de manera expresa la obligación del Estado de iniciar la búsqueda desde el instante en que cualquier autoridad reciba, conozca o tenga noticia de la desaparición de una persona, sin exigir denuncia previa, ratificación, comparecencias formales, acreditación de parentesco o cualquier otro requisito que retrase la actuación institucional.
“Esta iniciativa busca garantizar que en Tlaxcala ninguna familia tenga que esperar para que se busque a su ser querido. El Estado no puede exigir tiempo, formalidades o trámites cuando está en riesgo la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de una persona”, puntualizó.
La reforma propone modificar el artículo 20 de la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala para precisar que las diligencias de búsqueda deberán activarse de manera inmediata y sin obstáculos burocráticos. Asimismo, plantea adicionar un último párrafo al artículo 111 de la misma norma para impedir que, en casos de desaparición, pueda aplicarse el plazo de hasta 72 horas previsto actualmente para otros procedimientos administrativos.
Martínez Sánchez argumentó que la actuación tardía del Estado no es una simple deficiencia administrativa, sino que puede convertirse en la pérdida de oportunidades críticas para localizar con vida a una persona desaparecida, preservar indicios, acceder a videograbaciones o reconstruir rutas y hechos relevantes.
En ese contexto, recordó el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven desaparecida en la Ciudad de México en abril de 2026, cuyo caso evidenció omisiones institucionales y retrasos injustificables en la activación de protocolos de búsqueda.
Miriam Martínez subrayó que la propuesta se encuentra alineada con el artículo primero de la Constitución federal, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen el derecho humano a ser buscado.
Además, destacó que la iniciativa incorpora principios de máxima protección, debida diligencia, perspectiva de género, enfoque diferencial y no revictimización, evitando que prejuicios sobre la vida privada, ocupación, relaciones personales o identidad de las víctimas influyan en la decisión o rapidez de la búsqueda.
“La búsqueda inmediata es la expresión mínima del deber constitucional de protección y una condición indispensable para hacer efectivos los derechos de las víctimas y sus familias. No queremos más personas desaparecidas y mucho menos, la inacción del Estado ante esta desgracia”, concluyó la legisladora.
