La justicia no puede tener colores, filias ni fobias. Si de verdad queremos un Estado de derecho, la ley debe aplicarse exactamente igual para todos. Ni privilegios para unos, ni persecución para otros.
Por eso sostengo que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, genera más preguntas que certezas.
Quiero ser claro, como siempre lo he sido, pero nadie debe estar o ser colocado por encima de la ley. Por ello, creo que si existe una investigación, corresponde a las autoridades demostrarla con pruebas y conducir el proceso con estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, derechos consagrados en nuestra Constitución.
Estoy convencido de que Ernesto Ruffo tendrá la oportunidad de defenderse y aclarar los señalamientos por las vías legales.
Lo que resulta imposible ignorar es el contexto político.
La captura ocurre justamente cuando la atención pública se concentra en los señalamientos que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y mientras persisten cuestionamientos sobre otros personajes cercanos al régimen, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya o el ex secretario de Gobernación, hoy senador y “hermano” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández.
En esos casos, las autoridades federales han mostrado una preocupante lentitud. La diferencia de trato alimenta la percepción de que la justicia se aplica con criterios distintos según el partido al que pertenezca el acusado.
Eso no fortalece al Estado mexicano; lo debilita.
Cuando la Fiscalía parece actuar con velocidad extraordinaria contra opositores, pero con paciencia infinita frente a quienes militan en el partido gobernante, la confianza ciudadana se erosiona.
Más grave aún es que este episodio parece convertirse en una conveniente cortina de humo para desplazar del debate nacional los problemas que realmente lastiman a las familias mexicanas.
Mientras el gobierno concentra reflectores en un personaje histórico de la oposición, millones de mexicanos siguen esperando respuestas sobre el crecimiento de la violencia, la crisis del sistema de salud, el desabasto de medicamentos, la desaceleración económica, el aumento del costo de la vida, la incertidumbre que enfrentan miles de empresas por la relación comercial con Estados Unidos y la falta de resultados para combatir al crimen organizado.
México necesita un gobierno que gobierne, no uno que administre distractores.
La procuración de justicia jamás debe convertirse en herramienta de propaganda política ni en mecanismo para controlar la conversación pública.
Desde Acción Nacional seguiremos defendiendo un principio elemental, que la ley debe aplicarse con el mismo rigor para cualquier persona, sin importar su apellido, su militancia o el cargo que haya ocupado.
Lamentamos que cuando la justicia deja de ser imparcial y comienza a utilizarse como instrumento político, ya no estamos frente a un Estado de derecho, porque nos pone enfrente de un gobierno que confunde el ejercicio de la ley con el ejercicio del poder. Y esa diferencia, tarde o temprano, termina por cobrarle la factura a la democracia y de eso, los que terminan pagando las consecuencias, somos los ciudadanos.
