El sistema de salud de México está en terapia intensiva. Lo mantienen funcionando médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores que hacen esfuerzos extraordinarios frente a las carencias. El gobierno, mientras tanto, pretende curarlo con discursos.
Prometieron Dinamarca y terminaron recetando abrazos y paciencia, como si eso fuera un tratamiento y la propaganda pudiera sustituir un antibiótico.
La incapacidad tiene consecuencias medibles. En 2024, el INEGI registró 44.5 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud: una tercera parte de la población. Estamos muy lejos de una cobertura universal efectiva. Y, peor aún, vamos como el cangrejo.
De acuerdo con el informe Panorama de la Salud 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar en esperanza de vida entre sus países miembros, por debajo de naciones como Colombia, Chile y Costa Rica.
En nuestro país, donde el sector salud iba a ser como el de Dinamarca, la esperanza de vida es de 75.5 años, cerca de seis años por debajo del promedio de la organización.
Ese mismo reporte da cuenta de las posiciones desfavorables de México en mortalidad tratable, prevenible y evitable, así como de sus rezagos en cobertura de servicios básicos y vacunación infantil.
De ese tamaño es el fracaso. Millones enfrentan barreras para recibir atención y demasiadas familias deben buscar soluciones privadas. La discusión exige rigor porque hablamos de vidas. Al gobierno debemos combatirlo con evidencia; sus errores ya son suficientemente graves como para adornarlos.
A esta crisis se suman las denuncias periodísticas sobre compras de medicamentos con sobreprecios, proveedores recientemente constituidos y entregas cuya comprobación se cuestiona. Esos señalamientos requieren investigaciones independientes, expedientes públicos y responsabilidades acreditadas. La corrupción sanitaria debe perseguirse sin importar amistades, parentescos o cercanía con el poder. La lealtad partidista jamás puede funcionar como certificado de inocencia.
Las muertes de recién nacidos en hospitales de Jalisco y Durango obligan a esclarecer las circunstancias de cada caso. Las familias han denunciado posibles negligencias y deficiencias sanitarias.
También debemos escuchar a quienes trabajan dentro de los hospitales. Pedir salarios dignos, plazas suficientes, material de protección y equipo funcional significa defender la seguridad del paciente. Resulta profundamente injusto celebrar al personal sanitario en las ceremonias y dejarlo enfrentar jornadas extenuantes sin herramientas suficientes. Los aplausos no pagan las cuentas ni abastecen un quirófano.
IMSS-Bienestar necesita financiamiento suficiente, reglas claras y evaluación pública. Cambiar estructuras no garantiza servicios. La gratuidad requiere recursos provenientes de impuestos bien utilizados, compras transparentes y un presupuesto que llegue oportunamente a las unidades médicas.
Además, debemos impedir cualquier uso clientelar de padrones, credenciales o servicios. El derecho a la salud pertenece a las personas; ningún partido puede administrarlo como patrimonio electoral.
Desde Acción Nacional proponemos una ruta: publicar las necesidades y la disponibilidad de recursos por hospital; transparentar compras y entregas; cubrir vacantes prioritarias; fortalecer la prevención y la vacunación; garantizar el mantenimiento y someter las denuncias de corrupción a investigaciones verificables.
Cada compromiso debe tener responsable, financiamiento y fecha de cumplimiento. Una política sanitaria seria se mide por pacientes atendidos y tratamientos completos, no por conferencias celebradas.
Tlaxcala ya participa de este malestar, como muestran las protestas del personal del IMSS. Aquí exigimos conocer el surtimiento completo de recetas y los tiempos reales de atención, unidad por unidad. Quien sale sin medicamento sigue sin tratamiento. Gobernar implica responderle también a esa persona.
Robar recursos destinados a curar, mentir sobre las carencias o traicionar a quienes sostienen los hospitales destruye la confianza pública. México necesita recuperar el rumbo y contar con autoridades que expliquen, corrijan y rindan cuentas.
La salud debe volver al centro del presupuesto y de las decisiones. Porque, mientras el gobierno presume su transformación, las familias necesitan algo mucho más urgente: recibir atención en un sector salud que está en terapia intensiva.
