*La administración municipal sostiene que presentó documentos de la Secretaría de Finanzas y de la institución bancaria para acreditar el origen de los recursos. También señala que el beneficiario recibió el pago antes de que el municipio fuera notificado.
385 Grados / Contla / REDACCIÓN / El Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi enfrenta un procedimiento relacionado con la ejecución de un laudo laboral de 2009 por más de 2.5 millones de pesos, a favor de un extrabajador identificado como Sansón N.
La resolución fue ordenada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, encabezado por la magistrada presidenta Paola Sosa Vargas. Aunque el cumplimiento del laudo forma parte de una obligación laboral pendiente, el gobierno municipal cuestionó la forma en que se efectuó el pago y el origen de los recursos utilizados.
Ayuntamiento sostiene que los recursos estaban protegidos
De acuerdo con documentación proporcionada a este medio, el Ayuntamiento presentó ante el Tribunal constancias emitidas por la Secretaría de Finanzas del Estado y por la institución bancaria responsable de la cuenta, con las cuales habría acreditado que los fondos embargados eran de origen federal.
La administración municipal fundamentó su inconformidad en las siguientes disposiciones:
• El artículo 158 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual, según el Ayuntamiento, exceptúa de embargo a las participaciones federales y estatales.
• El artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que las participaciones correspondientes a las entidades y municipios son inembargables, aunque contempla determinados supuestos para su afectación.
• El artículo 49 del mismo ordenamiento, que dispone que las aportaciones federales no serán embargables ni podrán destinarse a fines distintos de los previstos legalmente, con las excepciones señaladas en la propia legislación. Ley de Coordinación Fiscal de la Cámara de Diputados
Con base en estos argumentos, el gobierno municipal considera que el Tribunal debía analizar la procedencia de los recursos antes de autorizar el pago. La determinación final sobre la legalidad del procedimiento corresponderá a las autoridades competentes.
Una cronología bajo cuestionamiento
Además del origen del dinero, funcionarios municipales señalaron inconsistencias en los tiempos de ejecución y notificación. Según los documentos referidos, la secuencia fue la siguiente:
• 13 de agosto de 2026: la magistrada emitió una resolución después de ser requerida por un juez federal.
• 9 de septiembre de 2026, 08:30 horas: fue entregado al beneficiario el cheque por más de 2.5 millones de pesos.
• 9 de septiembre de 2026, 13:00 horas: el Ayuntamiento fue notificado formalmente sobre la resolución.
De acuerdo con esta cronología, el beneficiario habría recibido el cheque cuatro horas y media antes de que el municipio fuera notificado. Ante esta situación, el Ayuntamiento solicita que se aclare el fundamento jurídico utilizado, el orden en el que se realizaron las actuaciones y si el procedimiento se ajustó a las disposiciones aplicables.
Hasta el cierre de esta edición, no se contaba con un posicionamiento público del Tribunal de Conciliación y Arbitraje ni de la magistrada Paola Sosa Vargas respecto de los señalamientos formulados. Este medio mantiene abierto el espacio para incluir su versión.
Preparan acciones legales
Fuentes cercanas al Ayuntamiento informaron que se prepara una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, mediante la cual se solicitaría revisar la legalidad del procedimiento y determinar si existe alguna responsabilidad.
La presentación de una denuncia no implica que se hayan acreditado irregularidades o responsabilidades. Estas deberán ser investigadas y, en su caso, determinadas por las instancias correspondientes.
El Ayuntamiento advirtió que la disminución de estos recursos podría afectar la operación de servicios municipales. También reconoció que los laudos laborales deben cumplirse, pero sostuvo que su ejecución debe realizarse conforme a las disposiciones aplicables y bajo criterios de transparencia.
