385 grados / Dialogo Circular / Javier C.C / La creación y fortalecimiento de las procuradurías municipales para la protección de niñas, niños y adolescentes ha permitido que Tlaxcala incremente significativamente la atención a menores cuyos derechos se encuentran en riesgo o han sido vulnerados, informó Rubén Fernando Hernández Mejía, titular del Departamento de Protección y Asistencia Jurídica de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF.
El funcionario explicó que, aunque la legislación contemplaba desde hace años la existencia de procuradurías municipales, fue durante la actual administración cuando se logró consolidar una en cada uno de los 60 municipios, convirtiendo a Tlaxcala en la primera entidad del país en alcanzar esta cobertura total.
Detalló que en 2021 se realizó un diagnóstico estatal que reveló importantes áreas de oportunidad en la protección de la infancia. De acuerdo con cifras de UNICEF, en Tlaxcala viven alrededor de 360 mil niñas, niños y adolescentes, de los cuales más de 14 mil podrían encontrarse en situaciones de vulneración de derechos.
En ese momento, la Procuraduría Estatal atendía poco más de tres mil casos. Sin embargo, mediante convenios con los ayuntamientos se fortalecieron las entonces Unidades de Primer Contacto con la Infancia, integradas por profesionales en psicología, trabajo social y derecho, otorgándoles mayores facultades para intervenir en la defensa de menores.
Gracias a esta estrategia, la atención pasó de aproximadamente mil 700 casos a más de cinco mil 500 durante 2022. Hernández Mejía aclaró que el incremento no respondió a un aumento de la violencia, sino a una mayor capacidad institucional para detectar y atender situaciones que anteriormente permanecían sin seguimiento.
Posteriormente, en septiembre de 2022, una reforma legal otorgó facultades formales a las procuradurías municipales y estableció mecanismos de coordinación con la Procuraduría Estatal. Como resultado, el número de niñas, niños y adolescentes atendidos continuó creciendo hasta superar los 11 mil casos durante 2023.
El funcionario destacó que este modelo permitió revertir los niveles de omisión existentes, pasando de una cobertura cercana al 20 por ciento de la población infantil vulnerable a una atención aproximada del 80 por ciento. Además, señaló que durante 2024 y 2025 se registró una reducción en los casos, situación que atribuyó a una intervención más temprana y eficaz.
Actualmente, cada procuraduría municipal cuenta con un procurador, asesor jurídico, psicólogo y trabajador social, mientras que la Procuraduría Estatal opera con equipos multidisciplinarios y una red de subprocuradores encargados de brindar capacitación y acompañamiento técnico en todo el estado.
Como parte de la preparación para la reforma judicial prevista para 2027 y la implementación de juicios orales, las autoridades trabajan para que las procuradurías municipales participen directamente en procedimientos familiares y penales, fortaleciendo la representación legal de niñas, niños y adolescentes.
Hernández Mejía señaló que el esquema implementado en Tlaxcala ha despertado interés en otras entidades como Hidalgo y Michoacán, además de ser considerado en proyectos de cooperación internacional con Uruguay y Chile.
Finalmente, anunció que para 2026 se proyecta la creación de un Centro Integral de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, donde se concentrarán servicios especializados de atención jurídica, psicológica y social, así como juzgados y ministerios públicos especializados. El objetivo será agilizar la atención de casos de violencia y abuso, reducir la revictimización y garantizar una protección integral de los derechos de la infancia en la entidad
