*Aunque la sanción no surte efecto de manera inmediata ya que existe una controversia constitucional ante la SCJN.
385Grados / Contla / REDACCIÓN / La tarde de este viernes, el pleno del Congreso local sesionó de manera extraordinaria y privada, donde aprobó la destitución de la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, del síndico Gilberto Flores Maldonado y de siete integrantes del Cabildo, a quienes también inhabilitó por tres años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, al considerar acreditadas diversas violaciones a la legalidad en agravio del presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi, a quien suspendieron de sus funciones, sin que tuvieran esa facultad.
La destitución de los integrantes del Cabildo fue aprobada por 19 votos y con el voto en contra de los dos legisladores del PT y la perredista Laura Flores Lozano, mientras que la resolución también es en contra de las regidoras María Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Joselín Netzahual Yautentzi e Hilda Felícitas Xochitiotzin Cocoletzi, así como al regidor Rogelio Xochitemol Cuatecontzi.
No obstante, la sanción queda temporalmente suspendida debido a que existe una controversia constitucional radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a un juicio de amparo concedido a los funcionarios sancionados, recursos que deberán resolverse antes de que el Congreso pueda ejecutar la separación definitiva de los servidores públicos.
De acuerdo con el dictamen aprobado este viernes en sesión extraordinaria y privada del pleno, la responsabilidad política de los integrantes de dichos ediles quedó acreditada por haber determinado, sin facultades legales para ello, la suspensión del presidente de comunidad de la Segunda Sección.
El procedimiento derivó de la denuncia presentada por Alejandro Flores Xelhuantzi, quien acusó a los integrantes del cabildo de haber vulnerado sus derechos político-electorales mediante un acuerdo aprobado el 1 de agosto de 2025, a través del cual fue separado de sus funciones.
Durante el análisis del expediente parlamentario, la comisión concluyó que «ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria faculta a un cabildo para suspender a una autoridad auxiliar electa por voto popular, por lo que la actuación del alcaldesa, síndico y regidoras transgredió los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal».
El dictamen también refiere que la decisión no se limitó a un acuerdo administrativo, sino que produjo consecuencias materiales sobre el ejercicio del cargo, como el cambio de chapas de la presidencia de comunidad y la restricción del acceso a las instalaciones públicas, acciones que impidieron al representante comunitario desempeñar sus funciones y afectaron la prestación de servicios a la población.
Ante ello, los legisladores consideraron que esas conductas constituyeron una extralimitación de funciones y una invasión de competencias reservadas a otras autoridades, pues cualquier medida que implique suspensión, separación o destitución de un servidor público electo debe sujetarse a los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes aplicables.
La diputada Laura Yamili Flores Lozano y el petista Silvano Garay Loredo manifestaron que el resolutivo carece de exhaustividad y debida fundamentación, por lo que votaron en contra del mismo.
Pese a ello, con 19 votos a favor y tres en contra, la destitución y inhabilitación fue aprobada, sin embargo, , la alcaldesa y los demás integrantes del cabildo podrán continuar en funciones hasta que la SCJN y la justicia federal resuelva los dos recursos legales que están en trámite
