*La representante del sol azteca planteó la necesidad de in.cluir las facultades, responsabilidades y sanciones para el director de Egresos, Contralor General y Residente de Supervisión de Obras municipales
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Con la finalidad de disuadir conductas ilícitas y en su caso, fincar responsabilidades por mal el manejo de los recursos públicos por parte funcionarios de tesorería y de la dirección de obras, la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano propuso diversas reformas y adiciones a la Ley Municipal y la Ley de Obras Públicas, ambas del estado de Tlaxcala, en materia de responsabilidad de servidores públicos y combate a la corrupción.
En la sesión de este jueves la representante del sol azteca, afirmó que se debe delimitar en las normatividades aplicables la delimitación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y sus obligaciones para su adecuado desempeño, con base a su nombramiento.
Explicó que, si bien la Ley Municipal establece las facultades y obligaciones del tesorero municipal y director de obras públicas en los ayuntamientos “resultan insuficientes para garantizar un correcto desempeño”, dado a que en dicha norma no prevé las figuras de Contralor General, director de Ingresos, Director de Egresos y Residente de Obras ni tampoco sus deberes como servidores públicos, así como las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incumplimiento, bajo el principio de tipicidad.
En este tema, Flores Lozano precisó que la mayoría de las observaciones por daño patrimonial a las cuentas públicas de los ayuntamientos por parte del Órgano de fiscalización Superior (OFS) no solo tienen que ver con la indebida actuación de los presidentes, tesoreros y directores de obras, sino que también son responsabilidad de funcionarios públicos subordinados.
Detalló que dichas observaciones tienen que ver con gastos improcedentes, falta de comprobación del gasto público, pagos de estimaciones de obras públicas no ejecutadas o con deficiencias técnicas en su ejecución, préstamos entre programas, gastos pagados sin documentación comprobatoria, entre otras, de modo que, en la actualidad, las denuncias solo son interpuestas en contra de los alcaldes, tesoreros y directores de obras, situación que “es incorrecto”, pues también tienen responsabilidad las personas que están subordinadas a dichas áreas.
Indicó que las lagunas o vacíos legales incrementan la posibilidad de que los funcionarios públicos cometan actos de corrupción o actos discrecionales, así como la posibilidad de que sean sancionadas son mínimas.
Por lo anterior la legisladora propuso incluir en la norma las facultades, responsabilidades y sanciones que deberán estar sujetos dichos servidores públicos; la iniciativa fue turnada a las comisiones de Finanzas y Fiscalización, Puntos Constitucionales y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
