*Organizaciones de la sociedad civil exigen al congreso su no aprobación y abrir foros ciudadanos que permitan la integración de una iniciativa que garantice el derecho humano al agua, saneamiento y preservación.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Por considerar que la iniciativa de Ley para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento de Tlaxcala presentada por la diputada morenista, Marcela González Castillo es inconstitucional e inconvencional con los tratados internacionales, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicas y científicos pidieron a los integrantes de la LXIV Legislatura su no aprobación y abrir foros que permitan la integración de una propuesta que garantice el derecho humano individual y colectivo al vital líquido, al saneamiento y preservación.
En rueda de prensa, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, mostraron su preocupación derivado de que la propuesta enviada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; Desarrollo Urbano y Ecología, así como de Recursos Hidráulicos, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente, no reconoce que el 80 por ciento de los municipios de la entidad son parte de la cuenca del Alto Atoyac, considerada como una región de emergencia sanitaria ambiental ante el impacto negativo de la contaminación de ríos sobre la salud de la población.
Por su parte, los investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Omar Arellano Aguilar, Pedro Moctezuma Barragán y Rodrigo Gutiérrez Rivas alertaron que el documento presentado por la morenista el pasado 14 de febrero ante el pleno del Congreso local, no toma en cuenta que los procesos de urbanización y particularmente de industrialización, han generado un agotamiento de la disponibilidad hídrica, tan solo entre 2013 y 2020 se ha documentado una disminución del 37.09 por ciento, cifra que representa 17.327 millones de metros cúbicos en su disponibilidad de ahí que, argumentaron se debe incluir la preservación de cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Asimismo, consideran que la iniciativa no es garante del derecho humano al agua y es violatoria, ya que propone la suspensión del servicio del agua por falta de pago de las tarifas establecidas “es gravísimo y está prohibido por el derecho internacional”, la instalación de medidores; además centraliza y desconoce la gestión y administración del agua que realizan las comunidades a través de comités, les quita la responsabilidad a las industrias sobre el tratamiento de aguas residuales pese a que son el principal factor de contaminación y, no establece mecanismos para que los ciudadanos de manera individual o colectiva participe en la toma de decisiones, lo que es violatorio a la observación 15 del pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales (PIDESC) firmada por el Estado Mexicano.
Calificaron como un “crimen” que prohíba el abastecimiento de agua a las familias que estén en asentamientos irregulares.
Aunado a ello “es inaceptable” que la iniciativa criminalice la protesta social” ante el encarecimiento del agua potable, podría ser acusado de hacer campaña contra la ley y ser sancionado en materia penal.
Ante este panorama, Laura Méndez Rivas Coordinadora por un Atoyac con Vida, pidieron a los legisladores locales abrir el diálogo y realizar foros de consulta ciudadana que permita la integración de una propuesta de ley que garantice el derecho humano y colectivo al agua, su saneamiento, gestión integral y conservación, para que no solo sea accesible y asequible sino que se conserven los actuales niveles de agua, garantizando así el abastecimiento del vital líquido a las siguientes generaciones.
Demandaron que la ley no debe responder al Plan Estatal de Desarrollo del actual gobierno sino a la emergencia sanitaria y ambiental que vive el estado, además de que se establezcan mecanismos para prevenir y orientar la eliminación progresiva de la contaminación, dejando en claro la responsabilidad de la industria en este proceso; mientras que el Congreso de la Unión deberá aprobar una Ley General de Aguas acorde al artículo 4º de la Constitución Federal; en tanto que dicha propuesta contraviene dicho ordenamiento.
En este tema, Rodrigo Gutiérrez Rivas sentenció que de ser aprobada en los términos que fue presentada sería sujeto de un amparo “el cual va a prosperar”, pues la ley “chocaría contra la Constitución y en contra de la convención Internacional de los Derechos Humanos, además de que no establece el derecho a la información.
Esta postura fue entregada a la diputada promovente, así como a las presidencias de las comisiones ordinarias encargadas de su discusión, con el objetivo de que sean tomadas en cuenta, para garantizar los derechos humanos; al tiempo que han iniciado una campaña de difusión para dar a conocer lo que se pretende aprobar.
“La obligación de abrir la puerta es de los diputados y lo que pedimos es que se apruebe una ley que garanticen los derechos humanos”, sentenció Méndez Serrano, al tiempo que lamentó que persista la “cerrazón gubernamental” y la actitud sistémica de la actual administración de negar realidad y no implementar políticas públicas para atender las demandas ciudadanas.
Reiteró que las instituciones actúan bajo la simulación y responden a interés políticos que impide la implementación de un programa de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac.
