*Se debe garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
385 Grados / Tlaxcala / REDACCIÓN / La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, se pronunció a favor de que las autoridades correspondientes investiguen y esclarezcan las agresiones denunciadas por la periodista independiente, Ana. N., quien días atrás, a través de su perfil de Facebook, denunció que, durante un evento efectuado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se ordenó a elementos que la “sacaran” de sus instalaciones, además de que fue fotografiada y videograbada como un acto de intimidación y amenaza hacia su persona.
Ante esta denuncia, la Ombudsperson tlaxcalteca informó que se ha radicado una queja de oficio para que a través de la Visitaduría General se inicie con la investigación correspondiente para analizar los hechos denunciados por la periodista, además de que se está a la espera de que la afectada pueda aportar información adicional para fortalecer este procedimiento.
Al respecto, la presidenta de la CEDH exhortó a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala, a investigar y esclarecer las agresiones de las que fue objeto la periodista, así como emitir medidas de protección a su favor para garantizar su integridad física y la de sus familiares.
Recordó que, desde febrero de 2022, la CEDH hizo suyo el pronunciamiento realizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de los Derechos Humanos (FMOPDH), en el sentido de que el Estado mexicano debe implementar medidas de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Por lo que también exhortó a la Coordinación de Información del gobierno del Estado, a atender la denuncia hecha por la periodista y evitar, en todo momento, trasgredir su derecho constitucional a la libertad de expresión y acceso a la información pública.
La Ombudsperson dijo que nada justifica la agresión contra periodistas, quienes son la voz de la sociedad y quienes con motivo de su labor ponen en riesgo su integridad, seguridad personal y vida, circunstancia que se agrava cuando se trata de mujeres, quienes además enfrentan ataques y riesgos relacionados con su género.
