*Avalaron acuerdo de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado.
385 Grados / Tlaxcala / REDACCIÓN / El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), en colaboración con transportistas, lograron un acuerdo para la creación de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Tlaxcala, a fin de continuar en la ruta de dignificación del traslado de la población.
En un esfuerzo conjunto, se ha formulado un acuerdo crucial para la creación de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, consolidando así un paso más hacia la dignificación del traslado de la población tlaxcalteca.
El encuentro, encabezado por el titular de la Segob, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien ha privilegiado una política de diálogo con el sector transportista, marca el inicio de una etapa crucial en la actualización de la legislación, que ha permanecido estática durante años.
La intención es construir una normativa más ajustada a las necesidades cambiantes de la sociedad y mejorar las condiciones tanto para los transportistas como para los ciudadanos y esto implica una colaboración estrecha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la participación de los transportistas.
Para ello, se planea la creación de foros en el 2024, donde se dará espacio a la participación ciudadana, aportes de expertos y la visión del gobierno para enriquecer la propuesta y asegurar su representatividad.
En las conversaciones iniciales, se destacaron demandas y soluciones clave identificadas por el sector transportista. Entre ellas, se acordó la implementación de operativos para prevenir la circulación de unidades de transporte público y mototaxis con concesiones irregulares.
Este enfoque busca garantizar un sistema de movilidad más seguro y normado para el beneficio de todas las personas que utilizan estos servicios en el estado.
Dicha acción refleja la colaboración entre la Segob y los transportistas, aunado a la participación de figuras clave, como el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin; la procuradora General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán y el consejero Jurídico del Ejecutivo, José Rufino Mendieta Carpio.
