*Después de que desecharon seis juicios políticos en contra de la gobernadora, la titular del OFS y autoridades municipales.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / El representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (Conaso), José Domingo Meneses acusó a los legisladores de ser cómplices de la corrupción, luego de que decidieron desechar seis solicitudes de juicio político, entre ellas en contra de la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Maldonado Textle.
En entrevista, comentó que como organización interpusieron una solicitud de juicio político en contra de la auditora superior, a quien señalaron de presuntas irregularidades cometidas en el proceso de fiscalización de los recursos en los ayuntamientos por el ejercicio de los recursos del Fondo de Resarcimiento a las Finanzas Municipales conocido como el “fondo moches” que estuvo vigente en la LXIII Legislatura.
Sostuvo que como organización se dieron a la tarea de realizar una supervisión en los municipios como en Xicohtzinco fue etiquetada por dos años consecutivos la supuesta construcción de una techumbre en una secundaria la cual ya existía, “ya estaba el inmueble, etiquetan el recurso el primer año, no pasa nada en el OFS y lo vuelven etiquetar por la cantidad de 800 mil pesos, es decir, fueron 1.6 millones de pesos, así como un parque lineal en una calle que no cabe dos autos, ni una calle de 1.3 millones no la hicieron; no vio el OFS”.
“El haber absuelto deja la evidencia de que los diputados son cómplices, lo que nosotros venimos haciendo para combatir la corrupción no es sólo discurso sino un trabajo puntual, con datos precisos”, afirmó.
En este tema, comentó que como organización han solicitado de manera formal al Congreso del estado llamen a comparecer a los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SEAT), aunque aún no le han dado entrada formal en la lectura de la correspondencia recibida en las últimas sesiones.
Recordó que en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) únicamente han avanzado en la inhabilitación de la exalcaldesa de Axocomanitla, quien no ha sido notificada, después de seis meses de la resolución, con el argumento de que no la han encontrado en su domicilio.
