*Propone modificaciones al Código Penal y la Ley de Derechos de las Infancias.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / La diputada local, Maribel León Cruz propuso ante el pleno del Congreso reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tlaxcala, con la finalidad de reconocer a la mendicidad como una forma de maltrato infantil y establecer sanciones para quienes lo promuevan o utilicen a los menores para este tipo de actividades, con la finalidad de erradicar esta problemática en la entidad.
En la sesión de este martes, la legisladora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso reformar el artículo 355 y la fracción II del artículo 357 del Código Penal, con la finalidad de establecer una pena de dos a ocho años de prisión y multa de 144 a 576 días de salario a quien , realice actos de mendicidad, así como a quien acepte que su menor hijo o persona que tenga bajo su guarda y custodia, sea utilizado para mendicidad o preste sus servicios en lugar nocivo para su salud o para su sana formación psicosocial.
Mientras que en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tlaxcala planteó establecer que la mendicidad, como un tipo de maltrato infantil.
“Tristemente, el problema de la mendicidad como un tipo de maltrato hacia el menor, cada vez va en aumento a nivel nacional, por lo que pareciera inevitable controlarla, pero no, porque todos podemos hacer algo al respecto; es decir, trabajar en conjunto sociedad y estado y/o autoridades para evitar que se incremente”, afirmó.
Por ello, destacó que es “indispensable realizar una reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; a fin de atender y erradicar dicha problemática, fortaleciendo el marco jurídico, con el objeto de garantizar la protección más amplia del menor que por su condición de menor
requiere, de parte de la familia, la sociedad y el Estado, concentrándose en que se le pueda garantizar y que a la vez pueda ejercer su derecho a crecer en un ambiente sano y familiar, así como el de la educación, la salud, la convivencia, a una vida libre de cualquier tipo de violencia o maltrato y todos los demás derechos reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales, por ser el futuro del país”.
León Cruz lamentó que, en la actualidad, se ha vuelto cotidiano observar a niñas, niños en los semáforos, calles o cruces de avenidas haciendo malabares, limpiando parabrisas, vendiendo dulces o cualquier otro producto, lo cual resulta peligroso por el tráfico, poniendo en riesgo su vida al caminar entre los vehículos automotores para ganar dinero.
Refirió que, si bien lo anterior es producto de la situación económica por la que atraviesan, alertó que en la mayoría de los casos los menores, entre ellos, lactantes, son utilizados por sus padres, madres o tutores, quienes los utilizan “para tocar las fibras sensibles del peatón para obtener un beneficio económico y subsistir, poniendo en riesgo su integridad y su salud.
“Tenemos la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de nuestras niñas, niños y adolescentes, toda vez que debe de ser garantía el que crezcan en el seno de una familia, en un ambiente de amor y comprensión para un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”, sentenció.
Precisó que con base a datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, a nivel nacional, de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que residían en México, 2.2 millones trabajaron, de los cuales, dos millones de menores realizaron ocupaciones no permitidas.
Refirió que, aunque no hay datos oficiales sobre cuántos menores se encuentren en situación de Mendicidad Infantil, El Pozo de Vida, organización no gubernamental, advierte que, nueve de cada 10 niñas y niños de origen indígena, que viven en Ciudad de México, permanecen en situación de mendicidad,
Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da cuenta que, en México, 5.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar pasado, por motivos económicos o relacionados con la pandemia de Covid-19. De ellos, 3.6 millones no se matricularon porque debían trabajar, es decir, el 69 % dejó los estudios por motivos económicos.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
