*Efrén López Hernández relató que lo anterior ocurrió en el momento que se encontraba trabajando en sus terrenos de labor, por lo que pidió protección a la SSC.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Efrén López Hernández informó que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el presunto delito de intento de homicidio en contra del alcalde de Cuapiaxtla, Antonio Romero Rodríguez, a quien señaló de amenazar con arma de fuego cuando se encontraba trabajando en sus tierras, incluso uno de los campesinos que se encontraba en el lugar resultó lesionado.
Por estos hechos, el también activista pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindar protección, pues teme por su seguridad y la de su familia.
Explicó que de estos hechos interpuso la denuncia ante el Ministerio Público de Huamantla, “ya tenemos el número de carpeta de investigación porque este hecho no es aislado. Estoy señalando al presidente municipal que él detonó armas de fuego con la otra persona que se llama Paulino Parada Pérez, quien fue su ex director de Seguridad Pública del municipio; a estas dos personas al último son los que yo reconocí que son los que accionaron el arma de fuego”.
Asimismo, señaló que tanto el alcalde como su acompañante, quien identificó como el exdirector de seguridad, se encontraban en presunto estado de ebriedad, pues se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un adjunto en compañía de otras personas.
Comentó que lo anterior, obedece a la denuncia que en su momento realizó respecto a la denuncia de la presunta compra de votos que, sostuvo, documentó y realizó el pasado domingo al interior de la presidencia municipal.
Adelantó que acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja en contra del servidor público.
Pidió a las autoridades actuar en consecuencia, pues afirmó que él y su familia viven en constante riesgo “de que nos pase algo”.
Por su parte, Yeny Charrez Carlos urgió al Congreso del Estado y especialmente a la próxima legislatura a retomar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a las autoridades encargadas de impartir justicia de cumplir con su labor porque a la fecha no se conoce una sentencia real sobre agresiones a activistas o periodistas.
