*Además de tener un presupuesto independiente enfocado a prevenir que las agresiones hacia las mujeres lleguen a la violencia feminicida.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL/ El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) debe aplicar un enfoque diferenciado que permita brindar atención y acompañamiento integral a las mujeres con discapacidad física o intelectual, víctimas de algún tipo de agresión, con el objetivo de garantizar su derecho a tener una vida de violencia, sostuvo Alma Delia Morales, del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).
En su participación en el panel con motivo de la Presentación de Hallazgos «Información sobre Centros de Justicia para las Mujeres 2018-2021» que presentó la organización nacional Equis Justicia para las Mujeres, explicó que el CJM en la entidad no cuenta con el personal ni los recursos económicos suficientes que les permita dar un acompañamiento integral a las víctimas en el proceso jurídico, pues si actuación únicamente se ha limitado a brindar asesoría, que si bien ayuda a identificar algunas herramientas, resulta es insuficiente, pues de debe garantizar el acompañamiento desde el inicio hasta la conclusión de los procedimientos; los más recurrentes son: la pensión alimenticia, la custodia de hijas e hijos o el divorcio.
Explicó que otra área de oportunidad es que el CJM debe contar con un enfoque diferenciado que permita brindar, de acuerdo con la pertinencia cultural y el contexto de las comunidades, apoyo a las mujeres con discapacidad, en la actualidad, ni la infraestructura ni el personal responde a esta obligación, situación que orilla a las víctimas a buscar ayuda fuera del estado o, incluso, regresar con sus agresores ya sea la pareja o la familia.
En este tema, alertó que está situación se agrava con la reciente eliminación del Instituto Tlaxcalteca para las Personas con Discapacidad (ITPCD), pues disminuye la posibilidad de contar con estrategias adecuadas e integrales para brindarles opciones a estas mujeres, sus hijas e hijos, de ahí la importancia de que se ponga en marcha una política pública que contemple acciones coordinadas entre las instituciones responsables de brindar atención y disminuir los riesgos.
Por su parte, Nancy Carmona Arellano de la organización Equis Justicia para las Mujeres explicó que, si bien existen avances significativos, pues a la fecha, en México hay 65 CJM en las 32 entidades del país, del 70 por ciento de las mujeres víctimas de violencia, solo el cinco por ciento de ellas se acercó para buscar apoyo o información de acuerdo con la información del INEGI.
De modo que, indicó que los retos de los CJM en México es adaptarse a los contextos y necesidades de cada estado, lograr tener un presupuesto propio y que no dependan más de las Fiscalías o procuradurías, así como garantizar un enfoque diferenciado a mujeres con discapacidad, migrantes e indígenas.
En este último tema, Carmona Arellano precisó que el enfoque diferenciado ayudará contar con traductores de lenguas indígenas, con instalaciones accesibles para personas con discapacidad.
Las especialistas enfatizaron que el tener un presupuesto propio permitirá la contratación del personal suficiente, con perfiles adecuados y sobre todo que tengan sensibilidad para dar acompañamiento a las víctimas, pues en ocasiones la falta de conocimiento ha derivado que canalicen a las víctimas a otros espacios, como ocurrió en Tlaxcala, dónde fueron enviadas al Centro de Justicia Alternativa.
También insistieron en la necesidad de implementar rutas de atención prioritaria y urgente en aquellos casos de alto riesgo, con la finalidad de prevenir la violencia feminicida.
Indicaron que para avanzar, es urgente que las y los diputados aprueben las reformas que permitan la armonización de las normas locales con la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante la gravedad de la problemática, tan solo en 2023 se tiene conocimiento de que en el país, presuntamente se han cometido 830 feminicidios, dos mil 500 homicidios dolosos de mujeres, se investigan 70 mil denuncias por lesiones dolosas y se realizan 336 mil 500 llamadas de emergencia diarias a los números de emergencia.
