*La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local negó que tenga dedicatoria.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, Maribel León Cruz confió en que la mayoría de los municipios aprobarán las recientes reformas constitucionales, que les permita iniciar con el proceso de designación del nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
En entrevista, la legisladora local negó que las modificaciones en los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a dicho cargo tengan dedicatoria, pues de acuerdo con la reforma se cerró la posibilidad de que en el proceso de elección del próximo auditor participen diputados, alcaldes o servidores públicos.
León Cruz defendió que los legisladores determinaron que los aspirantes deberán separarse del cargo seis meses antes de la fecha de la designación, así como deberán contar con título y cédula profesional en licenciaturas de ciencias económicas administrativas y jurídicas, dejando fuera las que corresponden a las ciencias sociales, como establecía la propuesta original que presentó en su momento el morenista, Rubén Terán Águila.
“Con estos seis meses, queda fuera toda la posibilidad de que algún secretario de estado pudiera estar, los propios diputados o presidentes municipales quedan fuera de toda posibilidad. Estaremos esperando en su tiempo el tema de los perfiles”, anotó.
Pese a que reconoció que se acortan los tiempos, pero insistió en que cumplirán con los plazos que permitan la designación del nuevo auditor para sustituir a María Isabel Maldonado Textle, quién concluye el periodo de siete años por el que fue electa el próximo uno de noviembre de 2023.
El pasado 17 de agosto, con 22 votos a favor y uno en contra, del coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, el pleno de la LXIV Legislatura aprobó reformas constitucionales para modificar los requisitos que permita la elección del próximo titular del OFS, así como para definir los plazos para la aprobación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables que correspondan al periodo en el que se realice el cambio de administraciones estatal y muncipal, las cuales fueron remitidas a los 60 ayuntamientos con la finalidad de que sean sometidas a votación en los cabildos y determinen su validación o no.